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HAGO CLARO
LO OSCURO
CONDORHUASI

 

  Ley de Patrimonio Arqueológico

 

LEY Nº 25.743 (COMENTARIO DE JORGE FERNÁNDEZ CHITI)
 
(Sancionada en secreto, y promulgada en junio del 2003. Firmas: Kirshner. A.Fernández. Filmus).
La pieza arqueológica, ¿es arte?                                                       

Nosotros definimos el arte como “actividad humana que permite comunicar valores culturales por medios estéticos” (ver “Diccionario de Estética de las Artes Plásticas”, artículo “Arte”). De acuerdo con dicho concepto, es artística toda obra que comunique valores culturales valiéndose de medios o recursos de tipo estético. El hecho de que una pieza sea funcional o utilitaria, ello de ninguna manera la invalida en cuanto “obra artística”. Las piezas de museo son tanto artísticas como arqueológicas, etnográficas, folclóricas, etcétera. Un aspecto de ninguna manera invalida al otro. Ninguno de ellos debe “hipostatizarse” como si fuera el único valedero. Ciertos arqueólogos han afirmado que “las piezas arqueológicas no son obras de arte”, y recurren al concepto fósil de “belleza”, hace varios siglos desactualizado y ya fuera de uso en estética actual. Ello constituye un disparate esencial; revela ignorancia supina de semiótica, estética y filosofía. ¿Desde cuándo las cosas se reducen a una sola realidad o aspecto de su modo de representación? Sólo un ignaro podría alegar que el Partenón de Atenas, o la Victoria de Samotracia, o las Pirámides de Egipto son obras de arqueología y no de arte. Pertenecen a la órbita de ambas tipicidades a la vez. Lo mismo sucede con las obras de arqueología argentina. Constituye un reduccionismo sospechoso el pretender que son “arqueología sí, pero arte no”. Parecería que se esconde una intención totalitaria, estatizante y trasnochada detrás de dicha reducción interesada y perversa.
Se impone una pregunta: si se sigue adelante con este absurdo por desmesura, nos preguntamos qué pasará con la platería mapuche; con la pintura cuzqueña; con la talla colonial; con la joyería portuguesa del 1600; con los textiles, herrería e imaginería de los siglos XVI al XVIII. ¿Pasarán también al control estatal? Sus actuales propietarios, ¿también serán considerados meros depositarios o tenedores de bienes cuyo dominio (como establece la Ley 25.743) pertenece al Estado nacional? Mi abuela tenía un cáliz de plata misionero guaraní, repujado con rostro de indio, tallado y fechado en latín (1690). Siendo un objeto arqueológico, ¿debería declararlo, fotografiarlo, registrarlo y preguntar al Estado si podrá trasladarlo, usarlo o regalarlo? ¿Podrá tomar mate en él? Como se echa de ver, el absurdo que se ha cometido mediante esta ley ya no puede sostenerse. Esto pasa cuando los ineptos legislan sin consultar, y cuando las verdaderas intenciones se disimulan o se esconden bajo un manto legal. Y, de paso, para entrar en honduras... también preguntamos: ¿quién se atreverá a controlar los bienes arqueológicos y patrimoniales que se hallan en poder de la Iglesia? ¿A ella también se la someterá al mismo control y coacción? No lo creemos; pensamos que en este caso más bien se hará la vista gorda. Y, sin embargo, ellos poseen la mayor cantidad de objetos y bienes arqueológicos, así como edificios, cementerios, momias, sitios y testimonios de variado tipo. ¿Quién le pondrá el cascabel a este gato??? Un ex Nuncio Apostólico se llevó vía diplomática piezas indígenas, arqueológicas, que hoy se hallan en Roma y en el Vaticano. ¿Habrá un incidente? Seguramente no: tan sólo se molesta a los argentinos.  Hay varias Embajadas que compran arqueología argentina... La mandan al Exterior por vía diplomática ¿Ellos pueden?   El Gobierno nuevamente hace la “vista gorda”.   Pero tortura a sus connacionales, como siempre.

 

Lex inconsulta non  est lex

“Una ley inconsulta no es una ley”, decía el comentarista de las Pandectas de Justiniano. La nueva ley que pretende regir la propiedad, destino, tenencia y uso de objetos considerados arqueológicos, no ha sido consultada ni discutida con ninguna de las partes involucradas, lo que constituye el requisito mínimo aceptable para atribuirle valor moral. Tendrá sanción legislativa, pero eticidad no. De ahí su ineficacia.
La Ley 25.743 fue aprobada “entre gallos y medianoches”, a espaldas de las partes involucradas o afectadas. Se la trató sumariamente en sesión secreta, sin ningún motivo lícito para ello, procedimiento en nada democrático por cierto, cuyo desenlace ya está a la vista. Cuando se va a tratar una ley sobre ganadería, siempre se cita en comisión a las cámaras ganaderas, a la Sociedad Rural, etcétera. Si se intenta legislar acerca de cigarrillos, se cita a las cámaras tabacaleras, a los fabricantes y distribuidores de cigarros. En nuestro caso voluntariamente y ex profeso se dejó de lado cualquier tipo de consulta con las partes involucradas. No se citó a ningún coleccionista de nota a fin de conocer la postura y la opinión del sector más afectado. Ello evidencia una mala fe imperdonable y una intencionalidad oculta tal vez inconfesable. No se los citó precisamente para desconocer y pasar por sobre sus derechos e intereses; para presentar a los coleccionistas casi como delincuenciales y no como filántropos o benefactores de la sociedad, puesto que han hecho lo que el Estado argentino ni hizo ni podría hacer jamás. Leyendo dicha Ley, al coleccionista se lo presiona y controla por todos lados; se lo somete a un virtual despojo moral a la vez que, en forma abusiva, se le imponen cargas costosas tales como fotografiar y digitalizar sus colecciones, lo cual es oneroso y requiere tiempo y esfuerzo. ¿Acaso estamos en la época de los Luises, en la Francia prerrevolucionaria, cuando los reyes imponían a comerciantes y burgueses todo tipo de cargas en forma vertical y antojadiza? ¿Hemos retornado al totalitarismo estatal? ¿Por qué no se consensuó con todos los sectores involucrados a fin de llegar a una ley en forma transparente, que tuviera en cuenta los intereses de todos sin perjudicar a nadie y sin dejar de lado, de manera grosera y descomedida, a coleccionistas privados, a muchos de los cuales la historia registrará como prohombres? Parecería que un resentimiento de tipo personal alentó a ciertas mentes afiebradas para amenazar con el “decomiso” de sus colecciones a quienes más bien merecerían el reconocimiento unánime, puesto que resguardaron para el futuro miles de obras que, de otro modo, ya estarían en anaqueles de Nueva York, París o Londres.

 

Efectos de una ley nefasta

El primer efecto altamente nocivo para el patrimonio cultural argentino está a la vista y es consabido: una de las más importantes colecciones arqueológicas del país (se dice) ya ha salido al exterior. Su propietario y fundador (Matteo Goretti) propuso crear en Buenos Aires un gran museo de “arte precolombino” con dicho repositorio, similar al que existe en Santiago de Chile, que es visitado por miles de personas a diario, a diferencia de los nuestros, que tienen más empleados que público. Quienes más debieron apoyarlo fueron los responsables y desalentadores de una feliz idea. Sibilinas discusiones (típicamente argentinas) acerca del nombre del futuro museo hicieron olvidar el meollo: la positividad del proyecto, que se desvaneció cuando fue promulgada la nefasta ley.
“El capital es fiero como un tigre, pero tímido como una gacela”, dijo Marx... Cuando a quien ha invertido ingentes sumas en conformar una colección arqueológica se lo somete a un virtual espionaje, con intervención de ciertos servicios como si se tratara de traficantes y no de prohombres... ; cuando una ley inconsulta sancionada entre gallos y medianoches, sin pública discusión, es aprobada y después promulgada sin tener en cuenta para nada los derechos naturales a un mínimo de seguridad jurídica para el creador de la colección que intentaba poner al servicio público, pues el resultado era de prever. Tan sólo la miopía e inopia intelectual de nuestros funcionarios del área antropológica y cultural, y su falta absoluta de visión y capacidad de gestión, son las únicas responsables de que dicha colección marchara al exilio, como tantos argentinos durante la época de Rosas y de otros totalitarios posteriores que anhelan digitarlo y controlarlo todo, sin dejar que funcionen en forma natural los mecanismos tradicionales con que la cultura argentina se desarrolló desde Sarmiento hasta que fue asfixiada por la trituradora estatal, que ha reemplazado la cultura por el show mediático y roquero, o por la cumbia villana...
El gobierno uruguayo dio todo su apoyo al proyecto de Goretti, proporcionándole un bellísimo edificio en tiempo “récord” (admirable capacidad de gestión que no vemos en Argentina).  Deberemos trasladarnos al Uruguay para ver dicha colección y museo, donde al menos gozará de la libertad y valoración que siempre se han dispensado en el país hermano a los emprendedores y mentores de ideas culturalmente positivas. ¿Dirán ahora que el gobierno uruguayo cometió delito?
Un segundo efecto tanto o más nocivo no ha sido todavía siquiera avizorado por nuestras “autoridades”: gracias a esta maligna ley, se ha eliminado el mercado interno de arqueología ergológica (al no poder acrecentarse las colecciones sin “pedir permiso” al gobierno). Pero nacieron un mercado y un tráfico internacionales de arqueología argentina, que antes sólo estaban reservados para las piezas del antiguo México y Perú, y algunas de Panamá o Costa Rica. “Lo argentino no tiene cotización de mercado”, nos decía hace tiempo un arqueólogo de Naciones Unidas. Lo que era positivo, ya que un mercado deprimido y reducido, por gravitación natural, preservaba las piezas del subsuelo. En lo futuro, presenciaremos hechos vandálicos y bien planificados en operativos: la arqueología argentina, tanto piezas de museos como las de enterramientos, partirá al exterior, donde adquirirá cotizaciones para nosotros exorbitantes (treinta mil dólares por un Alamito, dicen las malas lenguas). Ningún coleccionista nacional querría pagar ni de lejos semejantes sumas. Pero el saqueo en lo sucesivo habrá de ser muchísimo más rentable, lo cual incentivará a los huaqueros a pagar mejores precios a los “poceros” y paisanos. Gente de Catamarca, Salta, La Rioja, etcétera, anda ahora en vehículos 4x4, y son simples empleados municipales o desocupados... El daño que esta ley ha hecho al país es incalculable, y sus consecuencias se verán en forma creciente en años futuros. Los museos serán saqueados y robados en forma aún más alevosa por sus funcionarios y personal, ante los altos precios que se pagarán en el exterior por nuestras obras. ¿Los legisladores reconocerán su error?
Un tercer daño gravísimo en contra del patrimonio nacional ha sido la fuga al exterior de gran parte de las otras colecciones arqueológicas o históricas. Se dice que la platería mapuche ya se halla toda en Nueva York; lo mismo que la joyería, la textilería, y la pintura cuzqueñas. Pequeños coleccionistas, que no exponían al público sus obras y se hallan en el anonimato, han puesto su acervo a buen recaudo y los comprendemos... Muchísimas obras se hallan en estancias o han cruzado ya el Río de la Plata. Otras han sido enterradas y tal vez desaparezcan para siempre al morir sus dueños. ¿Han calculado nuestros legisladores el grave daño que infligieron al país? La nueva ley que pretendía proteger y preservar el patrimonio cultural... sólo lo ha espantado. Molestó a todos los que lo acumularon y conservaron durante décadas. Y sólo dejó contenta, al parecer, a una burocracia de funcionarios parásita del Estado, que vive a sus costillas. Cuidado: no subestimen al pueblo argentino. Décadas previas a la Revolución Francesa sucedió algo similar en contra de las clases medias ilustradas, y de comerciantes, burgueses y fabricantes. Han “matado a la gallina de los huevos de oro”... y un país no puede seguir adelante con esta clase de funcionarios obtusos o corruptos (casi todos ellos trasnochados estatizantes de la década de 1970...; gentes machuchas y oportunistas políticos; resentidos y alucinados que se consideran autorizados inquisidores arqueológicos...).
Cuando la arqueología argentina no se cotizaba, y las piezas se vendían por poco precio, al Estado argentino no le interesó echar mano de las colecciones privadas ni controlarlas. Ahora que, después de décadas de paciente coleccionismo y restauración, nuestra arqueología es valorada, considerada, estudiada y justipreciada, lógicamente su valor de mercado ha crecido, y con él la voracidad estatal, omnímoda e inescrupulosa, como suele serlo. Lo que el Estado no ha sido capaz de hacer nunca —crear un gran museo de antropología y arqueología argentinas—, tampoco dejó que lo hicieran los privados (como el perro del hortelano). Han destruido un buen proyecto y, en su lugar, nos amarraron con una ley absurda, que desalienta el coleccionismo, impide que las colecciones se acrecienten, que se muden, se donen, se trasladen, canjeen o se exhiban en lugares lejanos sin previo permiso “de ellos”. Y, como si ello fuera poco, nos imponen todo tipo de pesadas cargas, como digitalizar y fotografiar el repositorio, fardo con que no amenazan ni perturban, por cierto, a los museos oficiales, que son los más necesitados de controles, pues son los únicos saqueados, robados y utilizados con fines personales (cuando se investiguen los faltantes de piezas arqueológicas en museos oficiales... varios de sus directores correrán el riesgo de ir presos. Algunos, astutamente, ya han pedido “traslados” para cubrirse.).  El coleccionista privado, por el contrario, defiende con su vida el contenido de su colección o museo; restaura y conserva las piezas a su coste; y es en la actualidad el único que ofrece garantía de preservación para las obras.
El cuarto efecto perverso de la nueva ley es proteico, pero trataremos de resumirlo. Sólo podrán ser controladas las colecciones más grandes, cuyos fundadores no han querido sacarlas del país, por amor a su Patria, y en las cuales invirtieron gran parte de sus vidas y desvelos. Sobre éstas caerá, como siempre, todo el peso del control burocrático y de la maquinaria estatal voraz. Sin embargo, será inviable e imposible el control sobre los varios miles de pequeños coleccionistas, que en todo el país guardan pocas piezas cada uno de ellos y no las exhiben al público. Ninguno de éstos ha declarado sus pertenencias arqueológicas o paleontológicas, ni tampoco lo hará. Además es de imposible cumplimiento. Personas que poseen dos o tres puntas de flecha; o alguna vasijita indígena en el Norte, ni se enteraron de la ley, ni la tendrán en cuenta. Pero en manos privadas, al menudeo, calculamos que existen no menos de cincuenta a cien mil piezas. Y de su venta se nutren las colecciones privadas (no del robo o saqueo como afirma una funcionaria resentida e ignara).¿Qué podría hacer el Estado a fin de obligarlos al cumplimiento de esta ley? Pues nada, salvo que recurra a fomentar las delaciones o que organicen una moderna Inquisición arqueológica. Si las policías provinciales se encargaran de investigar y decomisar las pequeñas colecciones privadas, ya se sabe que su destino habrá de ser nuevamente la venta en el mercado privado, como sucede con los decomisos de coca en hojas, etcétera. Ello significa que esta nueva ley es de cumplimiento imposible, y que tan sólo a los grandes coleccionistas se podrá molestar, controlar e imponer cargas. Y cabe una pregunta, cuyo contorno podría llegar a ser atroz: ¿no se ocultará una intención de represalia política en contra de esos tres o cuatro grandes coleccionistas? Uno de ellos es radical, otro menemista, otro macrista y el otro socialista (quien esto escribe). Al parecer, hemos retornado a la época de Rosas, cuando a los enemigos políticos se les aplicaba la confiscación de bienes; o en muchos casos “la refalosa”: el degüello. ¿Han pensado nuestros diputados qué ley aprobaron? Nuestros legisladores, que no escucharon a las partes involucradas, ¿cumplen el cometido para el cual detentan sus cargos? Reflexionemos en este punto con la seriedad del caso: una macabra manipulación política y totalitaria bien puede ocultarse y urdirse en contra de ciertos coleccionistas por causa de sus posturas o ideas políticas no oficialistas. ¿Hacia dónde están llevando a la Argentina? Sospechamos que a los legisladores se les mintió haciéndoles creer solapadamente que era necesario tratar en secreto esta ley, sin una amplia discusión en el seno de la comunidad cultural. Para ello procuraron el momento oportuno, cuando el país se hallaba convulsionado y los legisladores de otros bloques distraídos. Ya han espantado a los capitales. Ahora llegó la hora de espantar a la cultura (salvo que sea fútbol o Kitsch mediático y comercial de dudoso nivel).
El  quinto  daño o perjuicio para el patrimonio arqueológico y cultural argentino se deriva del hecho de que, al prohibirse de hecho acrecentar las colecciones, ya no se formarán en nuestro país  colecciones nuevas ni tampoco museos, todos los cuales han surgido gracias a la actividad de coleccionistas privados. Ello impedirá que la arqueología ergológica se renueve, y la fosilización de nuestro repertorio arqueológico habrá de ser su natural resultado. Ya vemos esta lacra en los principales museos de nuestro País, cuyo repertorio no se renueva desde hace décadas (en forma bastante sospechosa, por cierto). Las excavaciones realizadas durante las últimas tres o cuatro décadas no han renovado casi el repositorio de los museos más importantes  (“de cada diez cajas enviadas al Museo de..., cuando hacemos excavaciones, sólo entran dos o tres...”;  “el resto se pierde en el camino”, nos decía hace tiempo un afamado arqueólogo).  Es notoria la incapacidad del Estado para hacer nada positivo, en lo artístico o cultural, o en lo museográfico y bibliotecológico, cuando ello no ha de dejarle algún rédito político inmediato. El suprimir de cuajo la iniciativa privada en este campo, y el penalizar el coleccionismo, va contra las más recientes tendencias mundiales.  El Gobierno de Francia, por ejemplo, ha dado comienzo a un plan tendiente a PRIVATIZAR LAS COLECCIONES DE SUS MUSEOS, pues es sabedor de que únicamente el capital y el trabajo de los particulares se halla en condiciones de garantizar para el futuro la perduración del arte, de la arqueología, de la bibliotecología, cartografía, numismática, etc. El Estado debería limitarse a sus funciones que no cumple por cierto: salud, educación, seguridad, en lugar de inmiscuirse en esferas de la cultura que desde hace 2000 años han estado en manos de particulares o de instituciones privadas. Mentes trasnochadas y afiebradas dictan cursos o asesoran a funcionarios, a quienes han hecho creer que “toda la arqueología es estatal”, lo cual es un soberano disparate y además una falsedad ideológica punible en un funcionario del área. Nuestro País se estancará y se fosilizará en sus colecciones, sin posibilidad de renovarlas o acrecentarlas.  Este daño es imperdonable y ataca al patrimonio cultural argentino. Las piezas se irán al exterior, en lugar se ser adquiridas por los coleccionistas argentinos, hecho consuetudinario y secular, conocido y consentido por todos los gobiernos. En las casas de familias patricias, desde la Independencia, siempre existieron obras de arqueología indígena, pues la enorme mayoría de piezas estaban en uso y en superficie, y así se trasmitieron desde la invasión europea, de generación en generación  (por venta, herencia, hallazgo, posesión secular, etc.). Únicamente una persona ignorante o malintencionada osaría afirmar que las piezas “provienen del robo de museos o del saqueo de tumbas...”

 

Origen y destino de las colecciones

Con evidente ignorancia y execrable mala fe, una persona que pone en evidencia su odio feroz contra los coleccionistas privados, ha osado afirmar que los coleccionistas “o compran las piezas a alguien que se las robó a un museo”... “o saquean un sitio arqueológico...”. Palabras más injustas sería difícil hallar. De ser ciertas esas calumnias groseras, afamados arqueólogos como Rex González, Ibarra Grasso y otros serían cómplices y encubridores, puesto que han asesorado, publicado y estudiado las piezas de los principales coleccionistas argentinos (a quienes han nombrado en sus libros), a la vez que certificaban su autenticidad cuando las adquirían. “El ladrón cree que todos son de su condición”, responderíamos a esa injuria.
El Estado no puede argüir desconocimiento de la situación pública y notoria consistente en que, en decenas de comercios de Buenos Aires (y de las principales ciudades del país), se ha vendido abiertamente al público arqueología desde comienzos del siglo XX (y a lo largo de todo el período colonial). En Casa Pardo he adquirido mis primeras piezas, hacia el año 1965, cuando era asesor de la Editorial Kraft. En remates judiciales, muchos coleccionistas han comprado cientos de obras, y nadie osará afirmar por ello que los jueces también fueron cómplices de esos delitos. Si el Estado ha tolerado y cohonestado la venta de piezas arqueológicas en casas de antigüedades y en remates, es evidente que la situación estuvo legalizada durante más de un siglo.
En mi caso particular, he recibido donativos decenas de veces, tanto en mis cursos como en nuestro Instituto de Ceramología. Recuerdo cierta vez cuando una tarde (hace años), por el portero eléctrico, un señor dijo: “vengo a hacer una donación de piezas...”, y nos trajo algunas de la Quebrada de Humahuaca. En tales casos, que la nueva y endeble ley no prevé, ¿qué debía hacer o a qué norma tendría que atenerme? Por supuesto que acepté el donativo, ya que cumplimos una finalidad tanto didáctica como de preservación y rescate del patrimonio ancestral argentino.
He adquirido piezas en casas de antigüedades de Montevideo, desde la década de 1970. Dichas piezas pudieron así retornar a nuestro país, cosa que el Estado nacional jamás haría. Cierta señora uruguaya, cada vez que viene a Buenos Aires, me trae como obsequio algunas piezas Condorhuasi; y dos de ellas me las obsequió en público cuando dicté el último curso en Montevideo. Otras me las han obsequiado Direcciones de Cultura de provincias y Municipios durante mis cursos. En adelante, ¿podré aceptar donativos o deberé solicitar permiso al Estado?
Cientos de familias argentinas poseen piezas arqueológicas heredadas de sus abuelos o tatarabuelos, desde la época colonial. ¿Acaso es ilegal dicha posesión y pertenencia? Existen muchísimos caminos mediante los cuales, sin saquear ni robar a nadie, es o fue posible ser lícito poseedor y propietario de obras arqueológicas. Existen jueces de la Nación que coleccionaban y vendieron arqueología; Adán Quiroga lo fue... ¿Acaso son todos ellos delincuentes o saqueadores? Pablo Neruda atesoraba una colección de huacos diaguitas... ¿Fue también él otro delincuente que robó y saqueó? Como se ve, ciertos funcionarios o funcionarias no se hallan a la altura del cargo que detentan, y sería bueno investigar cómo consiguieron llegar a él, y cuál es su coeficiente mental y moral... Direcciones de museos y de áreas culturales deberían ser renovables cada varios años, a fin de evitar que fósiles humanos digiten la cultura como si fuera propia. Además, deberían someterse a evaluaciones periódicas para demostrar que se hallan actualizados intelectualmente. Se debe dar lugar a nuevas generaciones, para bien de la cultura nacional, en dichos cargos públicos.  Quienes viven a costas del Estado (adheridos a mullidos sillones hemorroísos) se atreven a enlodar el buen nombre de quienes mantienen a dichos burócratas con su esfuerzo, impuestos y trabajo diario y honesto.
Todos los museos arqueológicos de nuestro país, tanto grandes como pequeños, se han formado con el aporte de colecciones privadas, donadas a la muerte del fundador, o bien cedidas en vida. El acervo del Museo de La Plata se formó con las colecciones de Muñiz Barreto, del Perito Moreno, Lafone Quevedo, etcétera. El Museo Etnográfico de Buenos Aires (que no se renueva hace décadas) sobre las de Ambrosetti, Debenedetti y otros (nisi fallor). Lo propio sucedió con el de Belén (Catamarca), que en vida de su fundador llegó a atesorar cinco mil piezas (según me dijo el mismo Eduardo Cura), y ahora no llega a quinientas. La colección Rosso, en La Falda —otro ilustre pionero que dedicó su vida a esa obra—, fue saqueada al provincializarse, y de ella no quedan sino unos centenares de obras (el mismo fundador me dijo que poseía dos mil cuatrocientas obras en la vieja casona faldeña...). El de Santa María se hizo con las piezas que coleccionó el padre Baudilio Vázquez (aunque lleva el nombre de un gringo). El de Santiago del Estero, también esquilmado, con las colecciones de los hermanos Wagner, reverenciados pioneros. Dígase lo mismo de los museos de Catamarca y de La Rioja, bastante maltrechos y saqueados (en especial el de Catamarca). Quisiera saber qué museo, importante o no, se formó con el aporte del Estado. Es inicuo, pues, desmerecer el valor de la obra realizada por la mayoría de los coleccionistas. Ningún artículo de la ley de marras reconoce algún derecho al fundador o creador de una colección o museo privado; sólo le impone cargas, sospechas, controles y obligaciones, descargando sobre las espaldas del privado, sin más, la enorme tarea de catalogar, fotografiar y digitalizar para el Estado (y a su gusto o capricho) todo el repositorio (trabajo de varios años). Es fácil legislar imponiendo cargas y obligaciones “a otros”; mientras que ellos (los funcionarios), como si fueran Luis XV o Luis XVI, pontifican sentados desde su trono. Pero se olvidan de que son ellos quienes cobran buenos sueldos, viajan con todo pagado, y detentan poder obtenido de amaños políticos y obsecuencias. Esta es la esquelética o ridícula “izquierda argentina”, devenida inquisidora, censora y funcionaria.
Desde los tiempos de Mecenas (69 a.C.), amigo de César y protector del poeta Horacio y de Virgilio, el arte y las obras arqueológicas fueron patrimonio de ilustres ciudadanos, quienes al cabo las donaron al Estado, y así quedaron para la posteridad; y hoy integran las colecciones del Vaticano y de los mejores museos de Italia. Pero jamás nadie osó tildarlos de delincuentes, como sucede en “nuestro” amado y esquilmado país. Todo lo contrario: su nombre venerado atravesó los siglos y perdura después de dos mil años, como lo evidencia la famosa oda “Ad Maecenatem”, con la que Horacio inmortalizó a su venerado amigo, coleccionista y protector de las artes (pero, ¿qué le vamos a hablar de Horacio y Mecenas a “cierta” clase de gente que funge de izquierdosa...?).

 

El Estado: el peor custodio de los bienes culturales

La mayoría de los museos arqueológicos del país han sido saqueados, robados y sus colecciones originarias se hallan famélicas. El repositorio cada año disminuye misteriosamente; no se renuevan las piezas expuestas desde hace tres o más décadas, pero sin embargo se hacen excavaciones y a los museos oficiales debería entrar material nuevo en abundancia. ¿Dónde se halla? Excavaciones hechas en la década de 1970 todavía no han visto la luz pública en algunos museos estatales, lo que nos permite sospechar que el material original se ha desperdigado, ha echado a volar o se evaporó, sin que sus directores responsables asuman dicha responsabilidad. Ello también ha sucedido en el Museo Nacional de Bellas Artes con grandes obras, y nos gustaría saber si las piezas de la Colección vendida por Di Tella se hallan todas y en qué estado. Nos han sugerido que las originales  no están todas, o que algunas han sido reemplazadas por réplicas, lo que hemos comprobado en muchos museos del interior (Tilcara, Ambato). Han faltado obras de arqueología en el Museo de La Plata, de las que hemos estudiado allí en la década de 1970, desaparecidas “en forma inexplicable”. Faltan muchas obras  del Museo de la Universidad de Tucumán (casi todas las de oro); de Catamarca, de la Universidad de Córdoba, del Histórico de Luján; y no queda sino una parte de la colección originaria del Museo Ambato de La Falda y del de Belén (Catamarca), que en vida de sus fundadores pioneros albergaron miles de obras, ahora reducidas a apenas unos cientos. Han sido saqueados vergonzosamente los museos provinciales de Santa María (Catamarca),  Hualfín, Chilecito y otros de La Rioja, y el de Santiago del Estero cada año se halla más desprovisto o arruinado. Tres urnas santamarianas destrozadas dicen que “las rompieron los gatos...”. Hace años se cayó el techo del Teatro 25 de Mayo de Santiago (donde estaba el Museo): se rompieron 1500 urnas... En vez de restaurarlas con amor y cuidado, como haría un coleccionista privado,  los trozos fueron arrojados al Río Dulce  (así preserva el Estado nuestros tesoros arqueológicos).
Quienes han tolerado y presenciado la ruina y el saqueo de nuestros museos oficiales, y son los responsables de dicha situación, son quienes ahora precisamente ponen “el grito en el cielo” en contra del coleccionismo privado. Mayor descaro pocas veces se ha visto. El Estado argentino, en sus tres instancias —nacional, provincial y municipal—, ahora se arroga para sí, por ley, el derecho de propiedad exclusiva sobre los bienes arqueológicos que otros han costeado, cuidado y conservado con su peculio, sin un mínimo reconocimiento por sus desvelos y generosidad. Sin embargo, dichos museos oficiales se hallan todos en lastimoso estado; sus obras sin restaurar o con tratamientos de albañilería... Otras obras ya han desaparecido o se han desintegrado por desmenuzamiento debido a que no fueron nunca atendidas por expertos en conservación arqueológica. Cuando hicimos estudios en el Museo Etnográfico de Buenos Aires (década de 1970), los encargados nos referían que decenas de urnas se llenaban de agua en las estanterías debido a las goteras en el techo y que a veces reventaban en los estantes arrastrando y quebrando otras urnas que estaban debajo... Cuando la última exposición en dicho museo (realizada gracias al aporte privado) pude observar el lastimoso estado por falta del adecuado tratamiento de obras fundamentales de la arqueología argentina, tales como el famoso vaso Lafone Quevedo, que se lo vio cachado, mal repintado y torpemente rellenado en partes con yeso. Doce pucos santamarianos se expusieron uno sobre el otro, en forma irrespetuosa, con serio riesgo de rajaduras o quebrazón. (Después de escrito este informe, se restauró dicho vaso, pero en forma torpe y desdibujando los mitogramas originales que nosotros hemos fotografiado allí en la década del 70). En la mejilla tiene  un “colorete” difuso que más parece cosmética que restauración arqueológica  seria y profesional.

Los directivos de muchos museos del interior han cobrado triste fama porque se dice que vendían obras en Buenos Aires. Similares hazañas cometían intendentes de Catamarca y otras provincias; personal o encargados de museos, y ciertos arqueólogos se han enriquecido con sueldos famélicos. Algunos  arqueólogos radicados en sitios arqueológicos del NOA, en pocos meses adquirieron grandes casas con sueldos magros (¿milagro de la arqueología?). Recientemente ha desaparecido del Museo Histórico de Salta nada menos que un Alamito en piedra, y se dice que ya voló a los Estados Unidos. Es impensable que algún turista haya salido con dicha obra bajo el brazo... Los responsables viven del Estado, como siempre. Y ello sin mencionar las otras áreas de la cultura, igualmente saqueadas en la órbita estatal, como es el caso de la Biblioteca Nacional (robaron centenares de mapas antiguos de alta cotización en Europa); del Archivo General de la Nación; y hasta del Museo de la Casa de Gobierno, del de Artes Decorativas y del Cabildo. Del Instituto Nac. de Antropología falta la famosa colección de máscaras chané, donada hace años (¿no hay responsables del faltante?).  “Se halla en préstamo...”: responden al  investigador que inquiere... Recientemente “desapareció” el reloj de oro de Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional; después más piezas; ahora varias del Museo de la Casa de Gobierno... Y el daño que originó esta mal concebida Ley prosigue: recientemente “desaparecieron” valiosas monedas antiguas del Museo del Banco de la Nación Argentina (quizá el lugar más custodiado y seguro del País). ¿No hay directores de museos responsables? ¿O echarán a culpa a los “coleccionistas”, como  dijeron con increíble cinismo los medios “amigos” del Gobierno?. Nos acaban de informar que otra vez ha sido robado el Museo Ambato, de La Falda (Córdoba): como siempre, sin responsables. “Desapareció” en forma bastante sospechosa una momia diaguita de un museo en el barrio de la Boca. Ya vemos para qué ha servido esta ley  (tan sólo para molestar a los grandes coleccionistas; y para impedir que se acrecienten lícitamente sus colecciones).

El museo de Patquía (La Rioja) también fue “robado”  (¿por quiénes?); el de San Pedro (Jujuy) fue virtualmente vaciado; el Museo Güiraldes (San A. de Areco: Pcia. de Bs. Aires) perdió gran parte de su patrimonio tras una inundación…: ¿Nadie se tomó el trabajo de mojarse los pies  para resguardarlo?: este triste hecho demuestra a las claras para qué sirven las leyes en nuestro país, si no hay ética ni compromiso en los funcionarios que son los primeros en no cumplirlas. En Rosario, cuando un incendio tras una protesta gremial, se perdió el 80 por ciento de las piezas del Museo de Ciencias Naturales. Hubo robos de obras religiosas en la Cripta Jesuítica de Córdoba…y en las de Buenos Aires también.  El  sitio histórico de Cayastá (S.Fe)  fue deteriorado y perdió piezas cuando las trágicas inundaciones. Todos los sitios y lugares históricos han sufrido deterioros inconcebibles, hurtos y desapariciones tremendas de obras, cuadros, figuras, cornisas, ladrillos, imágenes… azulejos… en todo el país.  Ello sin hablar de las pinturas rupestres, geoglifos, etc: casi todos saqueados, pintados por turistas, descuidados en forma imperdonable como en Cerro Colorado (Cba.).  ¿Este Estado haragán y desidioso pretende darnos lecciones de resguardo patrimonial? 

Políticos y gobernadores del NOA se han llevado obras de museos para “regalar a un amigo de Estados Unidos”; o para obsequiar a gobernantes de Buenos Aires. Un tractorista de la mina La Alumbrera (Catamarca) me refirió hace tiempo que, cuando realizan explosiones a cielo abierto (prohibidas en países serios), “vuelan pedazos de cerámica por el aire...”; y una vez vio caer en las cercanías una maravillosa cabeza de felino, en piedra, perteneciente sin duda a un trozo de algún mortero ceremonial de gran tamaño... ¿Qué hace el Estado nacional y provincial a fin de controlar la situación? ¿O no se mete con multinacionales? Nos dicen que el tráfico internacional de nuestra arqueología sale en gran medida “en los camiones de la mina” (que nadie revisa por orden “de arriba”), con destino a puertos en el río Paraná y hacia Brasil. Lo mismo ha sucedido con el tristemente famoso gasoducto a Chile, que atraviesa parte de Jujuy y de Salta: destrozaron cementerios enteros y, al usar explosivos, los pedazos de vasos cerámicos volaban decenas de metros. Así custodia el Estado los bienes arqueológicos que ahora pretende controlar, custodiar o decomisar a particulares, quienes los cuidaron más que a sus vidas. Quien ha fracasado en su cometido, ahora desea echar mano de las colecciones celosamente guardadas por particulares. El resultado será sin duda la ruina y reventa de dichas colecciones, a largo o corto plazo. Se trata de una instancia más de la corruptela estatal que aqueja a nuestro país, cuyo Estado no proporciona a los ciudadanos ni seguridad, ni salud, ni educación, aunque les cobra los impuestos que deberían financiar dichos servicios esenciales. No satisfecho con haber saqueado los bolsillos de los ahorristas y jubilados, ahora viene por más, aleccionado por ciertas mentes afiebradas que se fosilizaron en la mentalidad setentista, de neto corte estaliniano (les recomiendo leer más bien a Gramsci para actualizarse,  o a Tony  Negri, y, sobre todo, profundizar en el concepto de la “responsabilidad personal”, indagación predilecta de Sartre en su década).
Quienes toleran aberraciones tales, se atreven o se consideran con derecho a poner trabas al coleccionismo privado, desconocer los derechos adquiridos, violentar una vez más la “seguridad jurídica” necesaria para que un país serio prosiga y crezca dentro de un clima de confianza y serenidad. Tanto énfasis puesto en contra de las colecciones privadas llama la atención, frente al desinterés manifestado en la recuperación de las miles de piezas arqueológicas argentinas que se hallan en museos del exterior, como en el Etnográfico de Berlín; o las mejores piezas de la cultura San Francisco que Eric Boman se llevó al Museo de Estocolmo. En España, Vaticano, Chile, Uruguay, EEUU, Brasil se hallan centenares de obras de arqueología nuestra. ¿Por qué nuestros celosos funcionarios y funcionarias no realizan gestiones para recuperar ese patrimonio nacional perdido? Nos gustaría se informara, por otra parte, cuánto costó al Estado nacional el viaje de funcionarios y sus acompañantes a Nueva Zelandia para devolver una cabeza maorí; y a Egipto para fines similares. ¿Eso no pudo hacerse en las respectivas embajadas o por medio de nuestro servicio diplomático? ¿O se trató de hacerse un viajecito pagado por los ciudadanos? ¿Se justifica tamaña sobreactuación? ¿Quién controla la licitud de dichos gastos? Somos generosos con los extraños, pero torturamos a nuestros conciudadanos. Devolvemos piezas a terceros países, pero no exigimos se haga lo mismo con las nuestras, mandadas al exterior en forma clandestina hace décadas.
Ahora cabe preguntarnos: ¿quién controla al propio Estado? Presurosos, quienes urdieron la nueva ley previeron todo en contra del derecho privado que asiste a los coleccionistas. Pero prácticamente nada dicen (ni harán) a fin de controlar el repositorio de museos nacionales, provinciales y municipales. Casi ninguno mantiene inventarios al día. Pocos tienen las piezas fotografiadas. Y los faltantes son enormes en casi todos ellos. Se debería investigar tales faltantes y a sus funcionarios responsables. A lo largo de los años, miles de obras fueron subrepticiamente robadas. Otras han salido en préstamo y nunca regresaron. Miles de piezas se han desmenuzado al no haber sido tratadas para su necesario service y conservación, por ignorancia y descuido. Muchísimas se han roto, en todo o en parte, por maltrato, y exhiben sus roturas sin reparación en forma bastante vergonzante. Museos del interior proyectan sacar las obras a exteriores, aduciendo que “el pueblo es el destinatario de la cultura”. Proyectan crear “museos temáticos”, al mejor estilo del Kitsch norteamericano. En dicho país, se organizaron museos con réplicas de dinosaurios, nunca con originales. En Santiago del Estero se ha proyectado una locura más: organizar una atracción turística (a orillas del río Dulce!!!) con obras originales del Museo Arqueológico, ya bastante maltrecho por cierto. Las tierras salitrosas de la zona darán rápida cuenta de las obras que pretenden teatralizar con fines subalternos (¿Disneylandia santiagueña?). Dejemos de lado los desastres y crímenes  de toda índole cometidos y tolerados en las ruinas de Quilmes; la teatralización  pseudoarqueológica y exhibición profanadora cometida en Salta (Llullaiyacu), etc. y su discurso “made in USA” de claro sesgo antiindigenista globalista y perverso. Ciertos directivos de museos cuyos faltantes son enormes (más del 30 por ciento) han pedido traslados a museos de historia que no son de su especialidad… para zafar de posibles denuncias  (hábiles manipuladores políticos y manos largas al mismo tiempo…). Algunos de “estos pillos” son quienes más alzaron su voz a favor de esta Ley.

Conclusiones

Tener inteligencia significa “diferenciar o distinguir”. “Saber es establecer diferencias”, decimos siempre. Los mentores de esta ley no diferenciaron entre un coleccionista; un revendedor; un traficante; un comerciante o un comprador de buena fe (que no tienen por qué saber arqueología); un saqueador de tumbas; un huaquero; un anticuario; un director de museos deshonesto (LOS HAY MUCHOS); un gendarme o policía revendedor, etcétera. NO DEFINEN NADA; lo confunden todo; y con semejante precariedad mental pretendieron legislar en una de las materias más dificultosas por el cúmulo de elementos implicados. Ni siquiera se hallan capacitados para definir qué se entiende por “coleccionista”; no pueden hacerlo por falta de conocimientos y bajo nivel culturológico. Lo primero que se debió hacer es, precisamente, definir al coleccionista; qué se entiende por tal; caso contrario todo se disuelve en una cháchara inconexa e incongruente. O tal vez intentaron desconocer su existencia, a fin de dejarlo fuera de la ley, en forma cruel, injusta y perversa; o con intenciones de confiscación.  Tampoco definen con claridad qué es un objeto arqueológico, ni lo delimitan en el tiempo. La precariedad conceptual con que lo describen clama a los cielos.  “Hasta épocas históricas recientes”  lo engloba todo, hasta un detritus añejo del arroyo Maldonado... Toda ley debe ser taxativa, complexiva, apodíctica.  Este engendro será fuente de problemas y diferendos. Gracias a esta Ley, también la artesanía de valor se extinguirá a breve plazo, por temor de los coleccionistas, pues ya nadie sabe en qué momento un collar  de plata mapuche actual será considerado ”patrimonio arqueológico” y, por tanto, estatal. Sólo se venderá chafalonías.  Más perjuicio contra el artesano, contra las comunidades indígenas y contra el  trabajador cultural calificado. El límite de “cien años” para la determinación arqueológica también es semiológicamente aberrante, precario, nocivo... aquejado de “astenia mental”.  “El que no sabe y no sabe que no sabe…”, es el verdadero ignorante, arribista y osado burócrata.

Con ignorancia supina, se ha confundido el concepto de lo “nacional” con lo “estatal”. La cultura, la literatura, el arte, la arqueología, son sin duda patrimonio “nacional”, es decir, de todos los argentinos. Mentes enfermizas y alucinadas (o gentes resentidas y subalternas) consideran que lo “nacional” es a la vez “estatal”. Por tanto, se han creído con derecho a entrar a saco en los bienes culturales y patrimoniales de coleccionistas privados, que los atesoraron a lo largo de décadas, con sacrificio de sus vidas en muchos casos.  Tamaña injusticia clama a los cielos.- El “Martín Fierro”, el “Facundo”, la Cumparsita, son sin duda bienes nacionales y patrimonio de todos los argentinos. Pero de ninguna manera pueden considerarse “estatales”, ni sujetos a sus arbitrariedades.- El “Patrimonio cultural” es una propiedad abstracta; una  “nuda  proprietas” en derecho romano; no implica la apropiación ni la tenencia  en desmedro del legítimo propietario o poseedor por décadas, quien ha cuidado, preservado, restaurado cada año, estudiado, exhibido, publicado los objetos legítimamente adquiridos con enorme esfuerzo y compromiso de vida.
Nadie es dueño de la arqueología. Ningún sector puede arrogarse derechos exclusivos sobre ningún sector de la cultura. Ni los médicos son dueños exclusivos de la medicina; ni los abogados de la ley; ni los arqueólogos de la arqueología; ni los historiadores de la historia. Todo el pueblo argentino en su conjunto, sin exclusiones ni limitaciones, es depositario natural y titular de los valores culturales que él ha creado, ya sean éstos artísticos, culturales, folclóricos, arqueológicos, históricos, etcétera. Existen en ello terrenos híbridos y otros indiferenciados, metodológicamente hablando. Muchas ópticas o concepciones confluyen para la tipificación de un hecho o desarrollo cultural, ya sea arqueológico, artístico, filosófico, histórico, político, religioso, social, económico, etcétera. El limitarse a una sola óptica, y el pretender que sólo la propia es la única válida y verdadera (y las otras falsas e inválidas) es una postura narcisista, endeble y culturalmente ingenua. Alguien ha dicho que “el coleccionista se ha inventado un contexto” para sus piezas. Al parecer, quien tendría el único contexto válido y certero sería dicho antropólogo y funcionario... En filosofía, dichas posturas se denominan “dogmatismo ingenuo”; y en psicoanálisis, “narcisismo infantilista”. Si yo me autoconsiderara único dueño de la verdad museológica, arqueológica o histórica, sencillamente sería dueño de un enorme grado de estupidez que me impediría la autocrítica, única señal de inteligencia.
En una exposición sobre Aguada, en el Museo Etnográfico, financiada con capitales privados (extrañamente “interesados” ahora en manipular nuestra arqueología) se malgastaron litros de pintura roja para demostrar que dichos indígenas eran obsesivos compulsivos por sangre humana, lo cual no está ni de lejos demostrado ni avalado por pruebas arqueológicas ni antropológicas concluyentes. Sencillamente se ha seguido la opinión o fantaseo (made in USA) de dos o tres antropólogos argentinos que, a fin de sustentar su postura para mí equivocada, han armado con escaso nivel de escrúpulos una teatralización escenográfica sanguinolenta... con lo cual ellos también se inventaron un contexto, bastante perverso por cierto. Otros fantasiosos pretenden inventar un nuevo contexto: de una simple plataforma circular (de las que vienen desde Tafí) publicitaron haber hallado una pirámide... ; y de un corral para llamas, con “kanchas” para caravaneo, dibujitos por medio, fantasearon un “centro ceremonial” sin templos!!!
Ni el arte puede digitarse ni dirigirse, ni la antropología puede forzarse para sustentar opiniones personales. Eso sí: reconocemos que poderosos intereses (avalados por la CIA norteamericana y ciertas revistas “geográficas” nada inocentes por cierto) apuntalan en toda América las teorías de sacrificios humanos, sangre y muerte que ellos son los únicos en poner en práctica en el mundo actual... (Afganistán, Irak, Serbia, Gaza, etcétera). Existen documentos según los cuales una de las hipótesis de conflicto para Estados Unidos en toda América es el indigenismo; por tanto, en cuanto documental o exposición financian, aparece siempre, invariablemente, la tesis sacrificial como base de la religión indígena sudamericana, cuya espiritualidad y elevación moral ellos no están en condiciones de entender. Y la mayoría de nuestros arqueólogos tampoco. Subsidios de dudoso origen y un positivismo machucho se lo impiden, así como un servilismo imperdonable para con la antropología norteamericana. No olvidemos que en Estados Unidos las corporaciones son dueñas de las universidades, de todos los medios de comunicación, y que todo ello pasa por el control estricto de la CIA. Más aún en el momento actual, cuando algo se refiere a la historia indígena, único fundamento posible de nuestra cultura con identidad y descolonizada. ¿No habrá llegado desde “allá” la orden de hacerse de las colecciones, volar con explosivos los cementerios indígenas y centralizar la arqueología en manos estatales, pues las saben serviles y comprables vía subsidios, viajes y becas?
Tampoco se puede, ni se debe, aplicar concepciones diacrónicas para épocas diferentes o distantes entre sí. No es posible juzgar ni aplicar los conceptos actuales al coleccionismo de 1920, ni tildarlo de anacrónico por ser solamente diacrónico. Opinamos que a muchos arqueólogos y antropólogos les hace falta la filosofía y la semiótica como soporte intelectual del que carecen. Eso sí: reconocemos cierto espíritu jocoso al texto de la Ley. En su artículo 40 declara que si alguien encontrara en forma casual materiales arqueológicos (en una montaña, por ejemplo), deberá entregarlos “a la autoridad policial más cercana”... Huelgan los comentarios.
“¿Cuál será el destino de este museo?”, preguntan a veces nuestros visitantes. A ellos les respondo: “No lo hice para mí... No me preocupa lo que nos hagan”. Desde hace más de una década estamos buscando un lugar en el interior del País para llevarlo adonde más se adecue por sus características. Hasta ahora, nunca hemos hallado la necesaria comprensión y desinterés. Tal vez llegue; tal vez no (con la ubicue anuencia y el permiso del Estado, por supuesto, según dispone la ley de marras). Dios nos salve de los estatizantes, del estatismo, de la estatofilia y de los funcionarios estólidos  y  burócratas de mente estática...

Jorge Fernández Chiti - Director del Instituto de Ceramología Condorhuasi

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El Instituto de Ceramología Condorhuasi funciona desde 1970; y su Museo de Cerámica Arqueológica Argentina (adscripto al mismo), desde 1980. Dicho Museo se halla inscripto en el Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM); y se halla al servicio público desde hace más de dos décadas. Posee laboratorio especializado en diagnosticología cerámica (con cuatro microscopios) y en restauración arqueológica. Recibe visitas, estudiantes e investigadores independientes o bien provenientes de Universidades y Museos oficiales. No tiene exenciones impositivas. Genera sus propios recursos. No recibe ni recibió jamás subsidios, préstamos, distinciones ni prebendas oficiales. TRABAJAMOS PARA SOSTENERNOS  (no succionamos al Estado).-  Su actual Director ha publicado a la fecha 49 libros sobre temática artística,  arqueológica y afines.-
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